Constitución Española: Poder Judicial y organización territorial (Títulos VI y VIII)

Este tema junta dos títulos que el tribunal pregunta casi siempre por cifras: la composición del Consejo General del Poder Judicial, los porcentajes de municipios para iniciar la autonomía, los plazos de cinco años y las mayorías de los artículos 150 y 155. Ninguno de sus artículos se ha reformado desde 1978, así que lo que estudies aquí no caduca.

Estructura de los dos títulos

El Título VII (arts. 128-136, Economía y Hacienda) queda en medio y no entra en este tema.

Título VI: el Poder Judicial (arts. 117-127)

Principios de la función jurisdiccional

• Origen y notas de los jueces (art. 117.1): la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
• Inamovilidad (art. 117.2): no pueden ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados salvo por las causas y con las garantías de la ley.
• Exclusividad (art. 117.3 y 4): juzgar y hacer ejecutar lo juzgado corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales que determinen las leyes, que no ejercerán más funciones que esa y las que la ley les atribuya en garantía de cualquier derecho.
• Unidad jurisdiccional (art. 117.5): es la base de la organización de los Tribunales. La jurisdicción militar queda limitada al ámbito estrictamente castrense y a los supuestos de estado de sitio.
• Prohibición de los Tribunales de excepción (art. 117.6).

Obligaciones y garantías del proceso

Órganos: CGPJ, Tribunal Supremo y Ministerio Fiscal

Ley Orgánica del Poder Judicial (art. 122.1): regula la constitución, funcionamiento y gobierno de Juzgados y Tribunales y el estatuto de los Jueces y Magistrados de carrera, que forman un Cuerpo único, y del personal al servicio de la Administración de Justicia.

Consejo General del Poder Judicial (art. 122.2 y 3): es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Sus funciones se concretan en particular en nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario.

Los veinte vocales los nombra el Rey por cinco años.

Tribunal Supremo (art. 123): con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo en materia de garantías constitucionales (que corresponde al Tribunal Constitucional). Su Presidente lo nombra el Rey a propuesta del CGPJ.

Ministerio Fiscal (art. 124): promueve la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, de oficio o a petición de los interesados, vela por la independencia de los Tribunales y procura la satisfacción del interés social. Actúa por órganos propios con los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica y con sujeción a los de legalidad e imparcialidad. El Fiscal General del Estado lo nombra el Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ.

Título VIII: la organización territorial (arts. 137-158)

Principios generales (arts. 137-139)

• El Estado se organiza en municipios, provincias y Comunidades Autónomas; todas gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (art. 137).
• Solidaridad (art. 138): el Estado vela por un equilibrio económico adecuado y justo entre las partes del territorio, atendiendo en particular al hecho insular. Las diferencias entre Estatutos no pueden implicar privilegios económicos o sociales.
• Igualdad (art. 139): todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio, y ninguna autoridad puede obstaculizar la libre circulación de personas y bienes.

Administración Local (arts. 140-142)

Acceso a la autonomía: las dos vías

Además, las Cortes, mediante ley orgánica y por motivos de interés nacional, pueden autorizar una Comunidad uniprovincial que no reúna las condiciones del art. 143.1, autorizar o acordar un Estatuto para territorios no integrados en la organización provincial y sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales (art. 144). Nunca se admite la federación de Comunidades Autónomas (art. 145.1): los convenios entre ellas para gestionar servicios propios se comunican a las Cortes según sus Estatutos y los demás acuerdos de cooperación necesitan autorización de las Cortes (art. 145.2).

Los Estatutos de autonomía (arts. 147 y 152)

• Son la norma institucional básica de cada Comunidad y el Estado los reconoce como parte de su ordenamiento (art. 147.1).
• Contenido mínimo (art. 147.2): denominación, delimitación del territorio, denominación, organización y sede de sus instituciones, y competencias asumidas con las bases para el traspaso de servicios.
• Reforma (art. 147.3): por el procedimiento del propio Estatuto y, en todo caso, con aprobación de las Cortes mediante ley orgánica. En los Estatutos aprobados por la vía del 151, además, con referéndum de los electores (art. 152.2).
• Instituciones (art. 152.1): Asamblea Legislativa elegida por representación proporcional, Consejo de Gobierno y un Presidente elegido por la Asamblea entre sus miembros y nombrado por el Rey. Un Tribunal Superior de Justicia culmina la organización judicial en la Comunidad, sin perjuicio del Tribunal Supremo.

Distribución de competencias (arts. 148-150)

• Art. 148.1: lista de 22 materias que las Comunidades pueden asumir (organización de sus instituciones, urbanismo y vivienda, agricultura, montes, turismo, deporte, asistencia social, sanidad e higiene, entre otras).
• Art. 149.1: 32 materias de competencia exclusiva del Estado (nacionalidad y extranjería, relaciones internacionales, defensa, Administración de Justicia, legislación mercantil, penal, penitenciaria, procesal, laboral y civil con las salvedades forales, Hacienda general, bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, seguridad pública, autorización de referéndums…).
• Cláusulas del art. 149.3: las materias no atribuidas al Estado pueden asumirlas los Estatutos (cláusula residual a favor de las Comunidades); lo no asumido corresponde al Estado; en caso de conflicto prevalece la norma estatal en lo que no sea exclusivo de la Comunidad (prevalencia); y el derecho estatal es, en todo caso, supletorio.

Las Cortes pueden además modular las competencias por tres vías del art. 150, que conviene distinguir:

Control de las Comunidades Autónomas (arts. 153-155)

Un Delegado del Gobierno dirige la Administración del Estado en el territorio de cada Comunidad y la coordina, cuando proceda, con la autonómica (art. 154).

Art. 155 (coerción estatal): si una Comunidad no cumple las obligaciones que la Constitución u otras leyes le imponen, o atenta gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad y, si no es atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, puede adoptar las medidas necesarias para obligarla al cumplimiento forzoso o para proteger el interés general. Para ejecutarlas puede dar instrucciones a todas las autoridades autonómicas.

Financiación (arts. 156-158)

• Autonomía financiera (art. 156): con los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad. Las Comunidades pueden actuar como delegadas o colaboradoras del Estado en la recaudación de sus tributos.
• Recursos (art. 157.1): impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado, recargos y participaciones en ingresos estatales; impuestos, tasas y contribuciones especiales propios; transferencias del Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones de los Presupuestos; rendimientos de su patrimonio e ingresos de derecho privado; y operaciones de crédito.
• Límite (art. 157.2): no pueden gravar bienes situados fuera de su territorio ni obstaculizar la libre circulación de mercancías o servicios. Una ley orgánica puede regular estas competencias financieras (art. 157.3).
• Solidaridad (art. 158): asignación en los Presupuestos para garantizar un nivel mínimo de los servicios públicos fundamentales y Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, que distribuyen las Cortes Generales entre Comunidades y, en su caso, provincias.